Cómo es el juicio por jurados, el sistema que genera polémica tras el caso «Villar Cataldo»

Política

El juicio por jurados se instrumentó en la provincia de Buenos Aires en 2015. Había sido aprobado por ley dos años antes. Pero contra lo que se cree es muy poco frecuente que un acusado se siente frente a un tribunal popular. Esta clase de juicios -donde pesa más la opinión de un lego que la de un juez o un abogado- es conocida en el imaginario colectivo por las películas (norteamericanas sobre todo) que vimos alguna vez.

Por Mariano Confalonieri

Con algunas diferencias, lo que pasa en la pantalla y en un jurado real es parecido. 12 personas deliberan si el imputado por un crimen debe ser declarado culpable o inocente y el veredicto, salvo excepciones, es inapelable. Es un sistema que se aplica en varios países del mundo, desde Estados Unidos a Rusia, con matices.

Con este tipo de proceso hubo hasta ahora dos grandes polémicas en Argentina en el último año. Los dos fueron casos de “legítima defensa” que terminó con un ladrón muerto. El primero fue el de un carnicero que, tras ser asaltado, atropelló y mató al delincuente, que ya no suponía un riesgo.

La ministra de Seguridad confesó que “sería muy triste que pase algo”, dijo que “entendió” la reacción del cirujano y admitió que “uno nunca sabe cómo reaccionará en circunstancias extremas”.

Pasó algo similar con Lino Villar Cataldo, el médico cirujano que tras sufrir el robo de su camioneta mató de cuatro tiros a un ladrón de 24 años. Aunque las pericias y una de las fiscales sostenían que lo que había hecho Villar Cataldo era homicidio simple, el acusado fue declarado no culpable por un jurado bonaerense.

Los ciudadanos no creyeron tampoco lo que pidió la otra fiscal del caso, quien sostuvo que había habido homicidio en exceso de legítima defensa, pese a que la Policía Bonaerense concluyó que los disparos no se hicieron desde el suelo sino de pie y que le entraron al ladrón por la espalda mientras escapaba.

Luego de la absolución, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recibió a Villar Cataldo en su despacho y le ofreció protección y apoyo. Bullrich consideró que el fallo del tribunal está en sintonía con una nueva “filosofía” del derecho, que se pone del lado de la víctima y no del victimario.

La ministra sostuvo lo mismo cuando el policía Luis Chocobar mató por la espalda a un delincuente en La Boca (La justicia no consideró el caso de la misma forma) y cuando el carnicero de Zárate, Daniel Oyarzún, atropelló a otro delincuente y lo mató.

“Era su vida o la del ladrón”, dijo Bullrich con Cataldo como testigo. Las declaraciones fueron cuestionadas por diversos sectores, que vieron en el aval de Bullrich una falta grave. “En vez de custodiar a un asesino como Villar Cataldo, que Bullrich cuide a toda la sociedad”, pidió la madre del chico asesinado, Silvia Krabler, que estuvo en desacuerdo con el fallo.

“Me lo fusiló”, dijo sobre lo que le pasó a su hijo. El problema es que la ley de juicio por jurados que se aprobó en 2013 y está vigente sólo el acusado puede apelar la sentencia. Recién con los cambios que le introducirá la administración actual bajo la órbita del ministro de Justicia Gustavo Ferrari, el Código contemplará que la querella también pueda recurrir a la Cámara de Casación.

La polémica puso a la sociedad, o a una buena parte, a discutir si el juicio por jurados es un buen sistema. En la teoría, lo que pretende este tipo de enjuiciamiento no es tanto acortar los tiempos procesales como sí, en cambio, darle mayor transparencia a las decisiones.

En Buenos Aires, el tribunal popular está contemplado para delitos graves, que tengan una pena de prisión eventual de 15 años. Para evitar el juicio por jurados en estos casos, la defensa del acusado tiene que aclarar que prefiere un juicio oral normal. Y es lo que pasa la mayoría de las veces, porque los abogados de los acusados desconocen el proceso y temen a algo que consideran más imprevisible. Optan por juez y querella antes que por ciudadanos que en general no están familiarizados con el derecho.

Sólo el 7 por ciento de los casos fueron elevados, hasta 2018, a un tribunal popular. Hubo muy pocas condenas con este sistema (39) y absoluciones (21). El rol del juez y de la fiscalía es central, porque sientan los parámetros del juicio sobre los que luego van a deliberar los ciudadanos.

El juez los instruye sobre el delito, la posible pena, lo que dice el Código de ese delito y a qué parámetros se tienen que ajustar para discutir. La fiscalía establece cuál es la acusación, es decir, las opciones a elegir a la hora de fijar un veredicto. Las partes pueden pedir la recusación sin causa de hasta seis personas preseleccionadas.

También hay recusación con causa: por ejemplo, si el ciudadano que será parte del jurado tiene alguna relación con el caso. El jurado estará integrado por 12 titulares y seis suplentes (por si le pasa algo a algún titular). Los veredictos condenatorios deben tener mayoría de al menos diez votos afirmativos. Si no la consiguen deberán votar hasta tres veces. Si sigue igual, el veredicto será de no culpabilidad a menos que haya ocho a favor de la condena, en cuyo caso será declarado estancado. El proceso se reinicia luego con otro jurado.

La idea en sí misma persigue un fin noble, que es depurar al sistema de justicia de viejos vicios. En los países en los que está vigente, la sociedad tiene una buena percepción de los procesos judiciales y en general los códigos que se instrumentan son acusatorios y no inquisitorios (donde el juez lleva adelante la causa). Pero todavía queda mucho por pulir por lo que parece. Sin embargo, varios estudios han destacado que la instrumentación paulatina es positiva.

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