Causa Polad: el excomisario tuvo ocho sumarios similares

Fuerzas de Seguridad

Asuntos Internos detectó que quien fue titular de la seccional Primera hasta el martes pasado había sido investigado en varias oportunidades por manejos de fondos poco claros. Se acercan audiencias claves

El extitular de la comisaría Primera, Pablo Orgoñez, quien fue desplazado el martes pasado luego de que auditores de Asuntos Internos detectaran irregularidades en el pago del servicio de Policía adicional (Polad), ya había sido investigado en ocho ocasiones por ese organismo de control por delitos similares.

Desde la Auditoría General de Asuntos Internos le confirmaron a diario Hoy que Orgoñez fue investigado en diversas oportunidades, en varios casos por manejos de fondos sin transparencia. “Algunos de esos sumarios son de vieja data y otros activos de este año que están bajo investigación”, detalló el auditor general, Guillermo Berra.

En tanto, se estima que para este viernes o los primeros días de la semana próxima van a presentarse en la sede de Asuntos Internos, ubicada en 51 entre 9 y 10, los siete que fueron separados de la fuerza: el ahora exjefe de la seccional, Orgoñez; el oficial inspector Hugo Javier Díaz, el oficial principal Diego Ismael Martínez, el subcomisario Cristian Alejandro Maciel, el oficial inspector Sebastián David Cornea, la teniente María Verónica Conte y el oficial Cristian Arnaldo Ojeda, este último integrante de la Policía Local.

Como se recordará, en una orden de servicio del 1º de septiembre pasado, detectives de Asuntos Internos hallaron en una caja fuerte en la comisaría Primera la suma de 800.000 pesos.

La sospecha es que parte de la plata encontrada iba a parar a los bolsillos de los encargados de administrarla. De acuerdo a un vocero del organismo de control, Orgoñez solo pudo justificar 230.000 pesos que guardaba en el despacho.

Detalles de las irregularidades

Según las fuentes, el extitular habría argumentado que ese dinero estaba destinado al pago de adicionales adeudados, pero curiosamente no contaba con un listado de los beneficiarios que sostenga su versión.

Por tal motivo, Asuntos Internos convocó a 25 efectivos de los 67 que presuntamente debían cobrar las horas Polad. Diez de ellos no se presentaron, a pesar de que uno debía cobrar unos 60.000 pesos.

También detectaron el caso de un policía “fantasma”, el que cobraba un sueldo extra pero el número de documento y legajo no corresponde a un trabajador policial.

Solo tres de los 15 uniformados convocados después del allanamiento pudieron percibir los adicionales. Las planillas de presentismo también mostraron irregularidades: solo un efectivo reconoció como propia la firma que figuraba en su casillero, y para colmo su esposa, que es también policía, lo contradijo.

A todo esto se suma otra cuestión que está bajo sospecha: tres matrimonios de policías trabajan en la misma dependencia, cubrían los mismos objetivos y cobraban el tope de horas mensuales (240). Además prestaban servicio en el mismo lugar, los mismos días y la misma cantidad de tiempo. Y lo más grave fue que una de las mujeres no supo decir dónde había hecho las Polad.

Definen la fiscalía que se encargará de investigar las presuntas estafas

El fiscal Marcelo Martini, titular de la UFI nº 3, fue notificado ayer de la resolución del juez de Garantías de La Plata, Guillermo Atencio, sobre la unificación de la causa del hallazgo de 800.000 pesos en la comisaría Primera con la que instruye Virginia Bravo y tiene como imputado al expolicía Patricio Masana.

La primera Instrucción Penal Preparatoria se inició el 1º de septiembre pasado y la otra el 10 de marzo de 2016.

En diálogo con Hoy, Martini explicó que “elevé el expediente a la Fiscalía General, que conduce Héctor Vogliolo, para que él decida a qué fiscalía le corresponde investigar. No tengo problemas para encabezar la pesquisa yo, ni tampoco veo inconvenientes para que lo haga Bravo”.

Una vez que quede definida la UFI que investigará las presuntas irregularidades con las Polad en la comisaría Primera, desde Asuntos Internos se van a reunir con el representante del Ministerio Público designado para colaborar con la pesquisa.

Como se recordará, Bravo investiga a Patricio Masana, exsuboficial de la comisaría Primera y el único detenido por la causa que se abrió tras el asalto ocurrido en marzo del año pasado en la casa del intendente, en el country Grand Bell, donde irrumpieron dos delincuentes que redujeron a toda la familia y aún hoy siguen prófugos.

A Masana se lo acusa de haber facilitado el acceso y fuga de los asaltantes en una camioneta, donde se habrían llevado la plata y otros elementos que robaron de la casa de Garro. Pero además, durante el allanamiento en su casa, se encontraron más de 250 planillas de horas adicionales correspondientes a la comisaría Primera en la que Masana prestaba servicios en ese momento.

Como consecuencia de esa investigación penal, tomó intervención Asuntos Internos. Inmediatamente desplazaron al entonces comisario Marcelo Cifuentes, y a su segundo, Carlos Arias.

Y luego, al culminar el sumario administrativo, fueron exonerados Cifuentes, Arias, el administrador de las Polad, Walter Suárez Perry y Masana.

Complicidades políticas, en la mira

La comisaría Primera, como se detalló en la edición de ayer, es la seccional en la que se cubren más objetivos con el servicio de Policía Adicional en organismos públicos, varios de ellos de la Municipalidad de La Plata.

De acuerdo a lo informado oficialmente, se administran cerca de 100 millones de pesos mensuales.

Se sabe que hay un encargado de controlar por parte del organismo solicitante si los policías cubren el servicio como lo establece el contrato.

Hay que aclarar que desde el Municipio de La Plata se solicita seguridad para varias dependencias. Por eso es que la Justicia no descarta avanzar con las complicidades desde el sector político.

Como se recordará, el 2 de marzo de 2016 ocurrió el asalto a la casa del intendente Julio Garro y fue detenido el subteniente Patricio Masana, uno de los encargados de coordinar el pago de las Polad en la Primera. Masana llevaba un nivel de vida que estaba muy por encima de los ingresos que declaraba y por eso la fiscal Virginia Bravo lo investiga por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Por esa misma razón, desde Asuntos Internos ya exoneraron a Masana.

Periodistas no pudieron ingresar al edificio judicial

Los periodistas no pudieron ingresar ayer al edificio de calle 7 entre 56 y 57, donde funciona la mayoría de las fiscalías de instrucción de La Plata. Los guardias del lugar dijeron que los reporteros no estaban autorizados a entrar porque era una orden del fiscal general, Héctor Vogliolo.

Ante la consulta de este medio sobre un argumento para impedir el acceso a la fiscalía, ya que se trata de un edificio público, el alcaide a cargo de la custodia, Maximiliano Miranda, no supo dar una explicación.

Una situación similar había ocurrido el año pasado. Es de esperar que la situación no se repita, ya que el acceso a la información judicial es uno de los pilares del periodismo.

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