Piden que vayan a juicio tres policías federales por presunto caso de “gatillo fácil”

Fuerzas de Seguridad

Un fiscal pidió que tres policías federales sean juzgados por el crimen de Marcelo Javier Montenegro, quien en 2012 murió de un balazo en el tórax cuando iba junto a un amigo a bordo de un auto que fue perseguido y tiroteado por los efectivos, que buscaban a dos sospechosos armados, en una villa porteña.

El requerimiento del fiscal de Instrucción 14 de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Andrés Madrea, recayó sobre Emmanuel Díaz, Mario Medina y Diego Calderón, quienes prestaban servicio en la comisaría 48va. y están procesados, sin prisión preventiva, por el delito de “homicidio agravado por resultar miembros activos de una fuerza policial y por haber abusado de sus funciones”.

Según informó la Procuración General de la Nación en su página web (www.fiscales.gov.ar), el pedido del fiscal fue presentado la semana pasada ante la jueza Susana Wilma López, quien ahora deberá resolver si eleva la causa juicio.

La solicitud de la Fiscalía fue acompañado por la familia de Montenegro, constituida como querellante con la representación del abogado Nahuel Berguier, de la Asociación Miguel Bru.

El hecho investigado ocurrió la madrugada del 7 de julio de 2012, cuando un vecino de Ciudad Oculta alertó a la Policía sobre la presencia de dos hombres armados que iban a bordo de un Renault Twingo dorado.

Tras recibir esa denuncia, efectivos del Cuerpo de Prevención Barrial apostados en Echeandía y Rucci observaron el paso de dicho vehículo e intentaron identificar a sus ocupantes que escaparon, por lo que se irradió un alerta radial para localizarlos.

Poco después, en un control policial situado en Zuviría y Pasaje Herrera intentaron detener la marcha del Twingo que a gran velocidad trató de embestir a los efectivos y continuó con la fuga.

Según el informe judicial, en otro puesto policial, los efectivos alcanzaron a ver que quien iba como acompañante en el auto sospechoso “mostraba un arma de fuego por la ventanilla”.

Para la Procuración, los imputados escucharon el alerta, vieron pasar el vehículo e iniciaron una persecución y, según la versión de aquellos, “en la calle Zuviría, Montenegro extrajo un arma y efectuó dos disparos hacia el patrullero (que luego se comprobó que no presentaba impactos de bala), en virtud de lo cual, los oficiales Díaz y Calderón extrajeron sus armas reglamentarias y dispararon cinco veces para repeler la agresión”.

El Twingo en el que Montenegro (21) iba junto a su amigo Alejandro Nahuel Maturano continuó su marcha hasta que impactó contra un paredón en la esquina de Piedrabuena y Saraza.

De acuerdo a la investigación judicial, uno de los proyectiles disparados por los policías, “ingresó por el lado izquierdo del baúl del Renault Twingo, atravesó el asiento trasero y el del acompañante, en el que viajaba Montenegro, quien recibió un impacto en el tórax que le provocó la muerte minutos después por hemorragias internas”.

Luego, personal policial secuestró en Piedrabuena y Zuviría un revólver calibre .22 con dos vainas servidas y un proyectil atorado en el cañón, el cual le atribuyeron a la víctima.
Sin embargo, “se descubrió que no hubo ningún tiroteo, tal como sostuvieron los efectivos” ya que el proyectil atascado “imposibilitaba que de allí hubiera salido alguna bala”.

“Además, la otra vaina servida hallada en el tambor del revólver no había sido impactada por el percutor por lo que el fiscal concluyó que durante el trayecto de la persecución ese arma no fue disparada y por lo tanto no existió enfrentamiento”, sostuvo el informe.

Por otro lado, Madrea analizó los registros del sistema de radio policial y determinó que el tiroteo fue alertado por los efectivos después de las comunicaciones sobre la persecución y el choque del auto, “por lo que su atemporalidad con los sucesos y las conclusiones de los peritajes efectuados permitieron determinar que si bien existió resistencia por parte de Maturano y Montenegro a detenerse en los controles policiales, no hubo agresión armada que justificara los disparos policiales del modo en que lo hicieron contra el vehículo”.

Para el fiscal, “el accionar de los nombrados no constituyó una reacción justa, proporcional y adecuada a agresión ilegitima alguna, sino todo lo contrario, pues constituyó un ataque infundado y peligroso para la integridad física de los ocupantes del rodado perseguido, dado que la suya en ningún momento estuvo verdaderamente en peligro”.

“(…) aún en la hipótesis de que la víctima hubiera intentado dispararles, los cinco disparos efectuados por la policía no constituyen una actitud proporcional para repeler la agresión”, añadió.

Por su parte, la familia de Montenegro siempre sostuvo la inocencia del joven, apodado “Pela”, hacía “changas”, trabajaba en la panadería del barrio y también era ayudante de albañil.

Rosa Montenegro, madre de la víctima, realizó una investigación por su cuenta que sirvió para que la Justicia desechara la versión policial aunque los acusados fueron sobreseídos tres veces en primera instancia hasta que la causa recayó en la jueza López, quien los procesó.

Este procesamiento fue confirmado en julio de 2015 por la Sala V de la Cámara en lo Criminal y Correccional porteña, lo que dejó al expediente al borde del juicio oral.

Fuente: www.minutouno.com

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